En los últimos días, hemos asistido a un importante tratamiento mediático del fenómeno de la ocupación[1] en diversos puntos del territorio castellano-manchego. Son varias las notas periodísticas y espacios radiofónicos en medios locales y regionales que se han hecho creciente eco de este fenómeno, ofreciendo diferentes énfasis y tonos. La atención prestada en el contexto actual, marcado por los efectos de la pandemia y el despunte de una nueva crisis, nos invita a revisar las formas en que estamos pensando y actuando no solo la ocupación como tal, sino también nuestras comunidades vecinales, barriales o locales, desde el ámbito cotidiano hasta el institucional.
En tal sentido IntermediAcción, como Asociación por la Mediación Social e Intercultural, con trayectoria de años de trabajo en intervención comunitaria en diversos territorios y en particular en comunidades de vecinos de promociones de vivienda pública en la ciudad de Toledo, queremos ofrecer nuestra mirada como posible aporte a esta reflexión y en pos de la construcción de respuestas sostenibles, corresponsables y comunitarias. Lo hacemos desde la conexión entre teoría y praxis, puesto que nuestra intervención pretende combinar muy estrechamente el rigor científico en las metodologías empleadas, la construcción participada de los diagnósticos y las acciones colectivas y acordadas entre todos los agentes implicados.
Desde esta combinación de elementos a tener en cuenta, difícilmente podremos comprender (y por tanto actuar sobre) el fenómeno de la ocupación si lo definimos como un mero acto individual, incluso cuando éste pueda estar asociado a la ilegalidad y demande una actuación a este nivel. Es decir, sin ahondar en las dimensiones sociales, signadas por la vulnerabilidad y riesgo de exclusión, y sobre todo políticas, en términos de políticas públicas y de las fuerzas del mercado inmobiliario que han incidido directamente en éstas, en particular desde la crisis vivida en 2008. En definitiva, dimensiones estructurales e históricas que explican el problema del acceso a la vivienda como principal nudo problemático que, como otros, se ha visto recrudecido en “tiempos de pandemia”. Que esto salga a la luz de forma tan clara ahora precisamente también nos sugiere la necesidad de atender a algunos ingredientes clave: la situación de excepcionalidad como generadora de nuevas indefiniciones que permiten que se desarrollen estrategias no normalizadas de acceso a la vivienda, así como la fragmentación o la falta de continuidad en el tiempo de los acompañamientos a determinados contextos de especial vulnerabilidad. Es algo que hemos aprendido con esta crisis: lo que no funcionaba antes, ha funcionado peor, puesto que las causas se han agravado. La ocupación no ha surgido de la pandemia, pero se agudizado porque los factores de desigualdad de los que bebe su sistema, se han agrandado. Como ha pasado con otras muchas cosas, como la brecha digital y la fuerte desigualdad educativa.
Así, en materia de vivienda persiste antes y durante la pandemia un parque público escaso, que no llega a cubrir las demandas existentes, con procesos de adjudicación ralentizados, así como también numerosas construcciones sin finalizar y viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitres, tras la explosión de la llamada “burbuja inmobiliaria”. Edificaciones que configuran gran parte del paisaje rural y urbano en Castilla-La Mancha y que son escenario de la mayor parte de las ocupaciones desde entonces.
Paralelamente, las barreras de acceso a la vivienda en el llamado “mercado libre” son claras para quienes se disponen a alquilar: no solo por el porcentaje que el precio del alquiler supone a nivel (en torno al 40%) de la o las nóminas aportadas, sino también la antigüedad del contrato e, incluso, si éste es indefinido. Si “del otro lado”, el propietario teme el impago, en la brecha se encuentran los seguros, que establecen sus propias medidas para determinar solvencia.
Sin entrar en aspectos normativos, la ocupación como fenómeno es síntoma y consecuencia de un proceso de desregulación y de especulación del mercado de vivienda que, como otros casos, antepone la mercancía a los derechos; en este caso, el de acceso a la vivienda digna.
Por lo que, definir la ocupación como un fenómeno complejo implica reconocer las causas estructurales e históricas, interconectadas, que se conjugan con las diferentes situaciones que coexisten en cada localidad o comunidad de vecinos: situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, sensación de alarma e inseguridad permanente que afecta la calidad de vida de residentes, así como también presencia de hechos delictivos y de una actividad delictiva transversal, que genera lucro a partir del problema de acceso a la vivienda.
Ciertamente, los hechos delictivos ponen en jaque la convivencia y la calidad de vida de residentes en general, más allá de su situación regular o irregular, de pago o impago. Y precisan una actuación particular e individualizada a tal nivel, sin que ello implique desconocer otras situaciones y otras formas de intervenir en éstas. Las generalizaciones por lo tanto y esa tendencia a “meterlo todo en el mismo saco”, poco ayuda a un tratamiento correcto y efectivo con el que comenzar a proyectar respuestas.
A lo largo de nuestra experiencia en concreto como promotores de convivencia vecinal y comunitaria hemos concluido lo importante que es diferenciar el delito de situaciones de vulnerabilidad y de la convivencia. Porque en muchos casos se construyen discursos que conectan peligrosamente “personas sin recursos” con “problemas de convivencia”, cuando sabemos a ciencia cierta que no es posible establecer este tipo de correlación, y mucho menos conectarlo con delincuencia.
En tal sentido, la generación de categorizaciones es un modo de decir y una operación discursiva muy extendido y presente en la forma en que pensamos los desafíos de nuestro tiempo. Nombrar no es algo simple. Así, hablar de personas en situación de calle o en situación de ocupación, no es un mero giro discursivo “políticamente correcto”, hay una intención de desligar y preservar el carácter de persona, preexistente, y los derechos inalienables asociados, de la situación por la que atraviesa. Con ello, el énfasis está en el abordaje de tal situación y, en todo caso, en cómo afecta a quien la vive. Apelar a un trato responsable de la información, es también ser conscientes de que generar categorizaciones, por lo demás, enriquecidas con asociaciones o connotaciones negativas tales como “delincuencia” o “problemas de convivencia”, genera un discurso que, al reproducirse, produce brechas. Es un “dispositivo” potente porque predispone una emoción, una actitud, un razonamiento y una conclusión anticipados, que puede impedirnos ir más lejos que la reacción que nos provoca las asociaciones hechas.
El riesgo de no discernir y crear “chivos expiatorios”, destinatarios de frustraciones y de discursos de odio, es cegarnos ante las posibilidades de corresponder como sociedad democrática. Ante situaciones de crispación social, el riesgo es mayor, pudiendo preparar el terreno para graves vulneraciones de derechos y nuevas dinámicas de exclusión.
Por ello apelamos a la necesidad de actuar en cada ámbito definiendo y delimitando bien cada concepto en juego, entendiendo que problemas de convivencia existen en cualquier lugar donde diferentes personas y familias comparten espacios comunes de relación, sin que de ello se puedan desprender factores de mayor vulnerabilidad que se relacionen con escasez de recursos económicos o delincuencia.
Partir de ello, sin dar nada por hecho, permite actuar en concordancia a un enfoque de derechos que garantice y preserve el bienestar individual, familiar y comunitario. Pero también en tanto se quiera avanzar en una respuesta efectiva, ya que los hechos delictivos y su tratamiento, como las situaciones de riesgo que provocan, son un límite para el desarrollo comunitario, social y personal, como también para las intervenciones que quieran hacerse desde tal marco.
Por su parte, promover la convivencia tiene una estrecha relación con la calidad de vida y las posibilidades de mejora en todos los niveles: individual, familiar, vecinal e incluso barrial o local. Un enfoque comunitario es una estrategia preventiva que procura evitar niveles de conflictividad que afecten dicha calidad de vida, a la vez que promocional, en tanto aboga por generar una retroalimentación positiva que incide en el cuidado de lo común y del bienestar individual, familiar y vecinal. Convivir es romper brechas y cuidar las relaciones que generamos. Para ello es fundamental contar con todos y todas, como vecinos y vecinas que somos en cualquier lugar que habitemos, así como también, con técnicos y profesionales y con instituciones y responsables políticos.
En tal sentido, toda actuación emprendida, sea institucional, periodística o desde el uso de las redes sociales, conlleva responsabilidad, ya que contribuye a alimentar discursos que tienen la capacidad de obturar o, por el contrario, de habilitar los caminos a seguir y la propia convivencia que queremos darnos. En este sentido, apelamos a la responsabilidad que todas y todos tenemos para que se haga un tratamiento correcto de los retos que supone la aplicación de un enfoque de derechos y deberes, en donde las diferentes oportunidades y necesidades se contextualicen debidamente dentro de la estructura de desigualdad en la que la vivienda, como otros tantos ámbitos fundamentales para las personas, participa.
De más está decir que, ante un problema complejo, no existen soluciones unívocas ni unilaterales. Tampoco hay fórmulas mágicas en esto. De allí que sea necesario un enfoque integral que pondere las actuaciones a realizar en distinto nivel y en función de su impacto y sostenibilidad, de lo individual y familiar a lo comunitario, barrial, local y regional y viceversa. El acuerdo y la búsqueda de caminos bien fundamentados y guiados hacia soluciones compartidas y acordadas parece no una fórmula de éxito asegurado, pero sí una opción deseable y coherente con nuestras sociedades democráticas.
Un enfoque integral y garante de derechos no debe ser leído como la resignación de unos por otros, sino desde la consciencia de la necesidad de unos y otros. Si la pandemia ha dejado un legado es esa urgente necesidad de cambiar el paradigma individualista y apostar por lo común; la necesidad del otro y de lo otro como base y pilar de lo público.
Como señala Marcia Tiburi, el diálogo es la herramienta que desde lo micro podemos enarbolar y ejercer para abrir esos otros caminos que nos permitan construir colectiva y comunitariamente sociedades y mundos en los que sea posible cohabitar y convivir. Desde IntermediAcción nos sentimos apelados en esta llamada constructiva que nos invita a asumir un enfoque integral, contextualizado, no sesgado, comprometido y cuidador. Una mirada común y responsable que nos permita verdaderamente pasar de la preocupación o la alarma social a ocuparnos de la ocupación.
Imagen: acuarela de Kalina Toneva
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[1] Es necesario distinguir ocupación, como el hecho de la ocupación de forma irregular de una vivienda, pública o privada, de okupación, como movimiento político reivindicativo, presente en España en la década de 1980 (por ejemplo, consultar Martínez López, 2007). Sus causas, orígenes y situaciones son diferentes y deben ser diferenciados, dado que su asociación, además de inducir a error, puede provocar efectos tales como la invisibilización del carácter político y activista del segundo y, de igual forma que sucede con el tratamiento de la ocupación en términos generales, su criminalización sin más.
